En TRAVAY abogados poseemos una amplia experiencia en materias de Derecho Administrativo, tanto en lo que refiere a litigación, como en lo concerniente al asesoramiento y prevención, ya sea en materia de nuevas tecnologías, E-Administración y protección de datos, como en lo concerniente al área de contratos del sector público, especialmente en la implementación y desarrollo de la nueva normativa.

Por ello, desde TRAVAY abogados ayudamos a Administraciones Públicas y a empresas, fundaciones y demás instituciones del sector público en la redacción y formalización de los pliegos de cláusulas administrativas generales y particulares por los que deberá regirse los distintos procedimientos de contratación en atención a la modalidad de contrato.

Ello es así porque las condiciones legales y administrativas de las distintas modalidades de contratos previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, junto con el pliego de condiciones técnicas resultan de enorme complejidad.

Además, tenemos una amplia experiencia tanto en la elaboración de compliance penal como en el necesario seguimiento y revisión de dicho documento, destinado a evitar que los responsables de las instituciones púbicas puedan ser condenados a penas privativas de libertad e ingresar en prisión por delitos que se cometen en el seno de la entidad, teniendo la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para evitar la comisión de esos delitos.

Del mismo modo, somos expertos en propiedad intelectual, patentes nacional y europea, marca nacional y europea, know-how y en todas las cuestiones relacionas con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, o la protección y prestaciones de Big Data e inteligencia artificial, materias éstas en las instituciones públicas son en ocasiones titulares de obras y prestaciones protegidas, y que en otras ocasiones, son las instituciones del sector público las que tienen que contratar este tipo de productos y servicios.

Por último, tenemos experiencia en el ámbito del derecho laboral o en la resolución de conflictos que puedan surgir entre contratados laborales y la administración pública.